El derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y acceder a un proceso de adopción podría quedar protegido directamente en la Constitución de San Luis Potosí, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó una reforma que busca evitar distinciones por el tipo de familia adoptante.
El dictamen plantea modificar el párrafo cuarto del artículo 12 de la Constitución Política del Estado para reconocer expresamente el derecho a la familia y a ser adoptado, colocando como prioridad el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa fue presentada por la diputada Mireya Vancini Villanueva y ahora deberá pasar al Pleno para su discusión y eventual aprobación.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el reconocimiento constitucional no establece diferencias entre modelos de familia. Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que introducir distinciones de este tipo podría resultar contrario al principio de igualdad.
En este contexto, el legislador recordó que las parejas homoparentales pueden participar en procesos de adopción y sostuvo que la protección constitucional debe centrarse en garantizar los derechos de las niñas y niños susceptibles de ser adoptados, sin generar categorías diferenciadas entre las familias.
La reforma también tendría efectos más allá del reconocimiento formal del derecho. De acuerdo con Arreola Mallol, elevarlo a rango constitucional obligaría a considerarlo en políticas públicas, planes de desarrollo y presupuestos, además de fortalecer los mecanismos jurídicos disponibles para exigir su cumplimiento frente a las autoridades.
La iniciativa surgió además en un contexto en el que los procesos de adopción continúan mostrando una diferencia considerable entre solicitudes y procedimientos concluidos. En enero, al presentar la propuesta, el Congreso citó datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México que indican que entre 2014 y 2024 el Sistema Nacional DIF recibió 754 solicitudes de adopción, de las cuales 147 fueron concluidas, equivalentes al 19.5 por ciento.
Con la aprobación en comisión, el dictamen avanzará ahora al Pleno del Congreso de San Luis Potosí. De recibir el respaldo legislativo requerido para una reforma constitucional y completar el procedimiento correspondiente, el derecho a vivir en familia y a ser adoptado quedaría incorporado expresamente a la Constitución estatal.
